Parte de la financiación del programa comenzará este año y continuará durante cuatro o cinco años

 

En medio de tensas conversaciones bipartidistas en el Senado de los Estados Unidos de América, se presentó la ley de seguridad de armas como la primera legislación federal en 30 años para combatir el aumento de la violencia armada.

 

No obstante, ha pasado desapercibido que uno de sus objetivos clave es mejorar los servicios de salud mental a los que se destinará la mayor parte de los $13,000 millones estimados en la implementación de la ley.

 

Los medios periodísticos han centrado su cobertura en las disposiciones de la ley para mejorar las verificaciones de antecedentes de los compradores más jóvenes, alentar a los estados a implementar sus propias “leyes de alerta” y cerrar la “laguna legal de los novios” (una ley que previene que personas condenadas por abuso doméstico sean dueños de armas).

 

De acuerdo con Jeffrey Swanson, profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke que estudia el punto de encuentro entre la violencia con armas y la enfermedad mental, “Es una especie de proyecto de ley de seguridad de armas envuelto en un proyecto de ley de salud mental”.

 

La combinación de estas iniciativas en la legislación encabezada por un pequeño grupo de senadores después del tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, Texas, el 24 de mayo, fue el resultado de la insistencia de los republicanos de que cualquier esfuerzo de reforma de armas también debía abordar la salud mental.

 

“No creemos que se pueda resolver la epidemia de violencia con armas en Estados Unidos a través del prisma de la salud mental. Pero si tenemos un acuerdo entre demócratas y republicanos para gastar miles de millones adicionales en tratamientos de salud mental, especialmente en comunidades vulnerables. Aprovechemos esa oportunidad”, dijo el senador Chris Murphy (demócrata de Connecticut), uno de los negociadores clave de la reforma.

 

Si bien los defensores de la salud mental están contentos con la iniciativa, también expresaron preocupación por que se siga perpetuando la idea de que las personas con trastornos psiquiátricos son responsables de la violencia con armas, cuando la investigación muestra que no es así.

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Solo del 3% al 5% de los actos violentos son cometidos por personas que tienen una enfermedad mental grave, por el contrario, es mucho más probable que una persona que vive con una enfermedad mental sea víctima de violencia.

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“Es con emociones muy encontradas que pensamos combinarlas”, señaló Hannah Wesolowski, directora de defensa de la National Alliance on Mental Illness. “Necesitamos inversiones en salud mental, pero sabemos que la salud mental no es la causa directa de que una persona sea violenta”.

 

La inversión

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo total del proyecto de ley en $13,000 millones, una gran parte de los cuales se utilizará para aumentar la financiación de programas existentes, que ampliarán sus servicios de salud mental y seguridad escolar, incluyendo $1,000 millones durante cinco años en dos programas para impulsar el número de consejeros de salud mental en escuelas.

 

Otras asignaciones incluyen:

  • $80 millones durante cuatro años para un programa de acceso a la atención de salud mental pediátrica, que permite a los pediatras brindar servicios de salud mental a través de telesalud. Un adicional de $60 millones por cuatro años se destinarán a capacitar a médicos de atención primaria para que brinden servicios de salud mental a jóvenes.
  • $250 millones durante cuatro años para aumentar la subvención en bloque de los Servicios Comunitarios de Salud Mental a los estados para ayudar a llenar los espacios en blanco en los sistemas de salud mental locales.
  • Se agregarían $240 millones durante cuatro años al Proyecto AWARE, que otorga subvenciones a una variedad de organizaciones de salud mental y de conducta.
  • Otra asignación de fondos notable: este año se asignarán $150 millones a la nueva Línea Nacional de Prevención del Suicidio 988, que se lanzará a mediados de julio.

 

La nueva ley también proporciona un financiamiento de hasta $8,600 millones durante 10 años para apoyar la construcción de clínicas comunitarias de salud mental en cada estado.

 

Este tipo de clínicas, que ya existen en 10 estados como parte de un programa piloto de Medicaid, deben atender a toda persona con una necesidad de salud mental o por abuso de sustancias. Los estados tendrían que solicitar participar en el programa, que comenzaría en 2024.

 

Efectividad

Es difícil saber qué tan efectivos serán estos programas para mejorar los resultados de la salud mental, dijo Marisa Domino, economista de salud y directora del Centro de Información e Investigación de Salud de la Universidad Estatal de Arizona, porque es posible que no todos los programas hayan sido evaluados por su efectividad o necesariamente tienen medidas integradas que puedan ser evaluadas.

 

“Hay muchas pequeñas oportunidades en este proyecto de ley, pero es difícil saber en su conjunto” si será útil para mejorar la salud mental, dijo Domino. Parte de la financiación comenzará este año y continuará durante cuatro o cinco años. Es posible que otros flujos de gastos no comiencen hasta 2024. Eso es típico, ya que la financiación del gobierno debe planificarse con años de anticipación. Pero plantea dudas sobre la rapidez con la que se pueden reforzar los programas de salud mental.

 

Incertidumbre

Más de la mitad de las muertes por armas de fuego en el país son suicidios, y es posible que este proyecto de ley ayude a reducir esas muertes. La efectividad depende de cómo se defina la violencia con armas, dijo Swanson.

 

Este proyecto de ley también hace hincapié en las “leyes de alerta”, que se ha demostrado que reducen las tasas de suicidio. Este tipo de leyes, ahora en los códigos de 19 estados y el Distrito de Columbia, permite que miembros de la familia, la policía o los médicos soliciten a un tribunal que retire temporalmente por hasta un año las armas a personas que temen pueden estar en riesgo de hacerse daño a sí mismas o a otras.

 

Por ejemplo, Swanson dirigió un proyecto de investigación que analizó cómo funcionaba una política de bandera roja en Connecticut, donde su equipo estimó que por cada 10 a 20 acciones de retiro de armas, se evitó un suicidio.

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“La gran mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas”, aseguró Swanson.

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Pero los expertos reconocen que los componentes de salud mental del proyecto de ley pueden no hacer mucho por frenar la violencia con armas de tiroteos masivos, como los de Uvalde, el supermercado de Buffalo o el del desfile del 4 de julio en Highland Park.